Impugnación de acuerdos de la Junta General y del Consejo de sociedad

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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Entre los derechos fundamentales de todo socio, en relación a las Juntas generales de la sociedad de que forma parte, tales como el derecho a una debida información y el derecho a asistir y votar en las Juntas, se halla el derecho a la impugnación de los acuerdos sociales, es decir, de la Junta general y del Consejo.

Puede verse:

Contenido
  • 1 Impugnación de acuerdos de la Junta
    • 1.1 Normativa
    • 1.2 Supuestos de impugnación
    • 1.3 Clases de actos impugnables y caducidad de la acción
    • 1.4 Legitimación para impugnar
    • 1.5 Procedimiento
    • 1.6 Anotaciones preventivas. Suspensión de acuerdos
    • 1.7 Subsanación
    • 1.8 Caducidad
  • 2 Impugnación de acuerdos del Consejo de administración
    • 2.1 Normativa
    • 2.2 Legitimación
    • 2.3 Plazo para la impugnación
  • 3 Anteproyecto del Código Mercantil, (Mayo 2014)
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En doctrina
  • 5 Legislación básica
  • 6 Legislación citada
  • 7 Jurisprudencia y doctrina administrativa citadas
Impugnación de acuerdos de la Junta Normativa

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) dedica el Capítulo IX a la impugnación de los acuerdos de la Junta, iniciando su regulación el artículo 204 LSC.

El art. 56 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) decía:

Impugnación de los acuerdos de la Junta General. La impugnación de los acuerdos de la Junta General se regirá por lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta General de accionistas en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

En consecuencia, todas las citas a la LSA eran aplicables a las sociedades limitadas.

Ahora la LSC) regula la impugnación de acuerdos de cualquier tipo de sociedad de capital: Sociedad de responsabilidad limitada , Sociedad anónima o Sociedad comanditaria por acciones que son los tres tipos que cita el artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Supuestos de impugnación

Según el art. 204 LSC, redactado de nuevo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, (entró en vigor el 24 de diciembre de 2014) son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Del precepto resulta que los acuerdos impugnables pueden estar en uno de estos cuatro casos siguientes:

1) Ser contrarios a la Ley.

2) Oponerse a los Estatutos.

3) Oponerse al reglamento de la junta (novedad)

4) Lesionar los intereses de la sociedad.

Procede hacer algunos comentarios al respecto.

1). Ser contrarios a la Ley: en cuanto al primer supuesto, la expresión "contrarios a la Ley" hace dudar si se refiere a la Ley que regula las sociedades o se refiere a cualquier norma con rango de Ley (con lo que sería superfluo, pues para todo acto contrario a las leyes ya tenemos el artículo 6 del Código Civil).

La importancia está en que los actos realmente nulos, por aplicación del art. 6 CC no tienen acción de caducidad para conseguir declarar su nulidad: (lo nulo es nulo siempre).

En cambio el artículo 205 LSC, (antes art. 116 LSA aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada ), nos habla también de actos nulos por ser contrarios a la Ley y dice que la acción de su impugnación caduca al año; pero luego excluye los actos contrarios al orden público.

Debemos entender lo siguiente:

Como norma general los actos que infrinjan una disposición o exigencia de la LSC son actos para cuya impugnación se dispone de un año.

Pero hay actos contrarios al orden público que podrán ser impugnados sin límite de tiempo.

¿Y qué actos son los contrarios al orden público? Nada dice la Ley.

La realidad es que la inmensa mayoría de las impugnaciones que se basan en la falta del cumplimiento de los requisitos de convocatoria de las Juntas, falta de la debida información solicitada, etc. consideran que el acto es nulo y se alega el orden público si ya ha transcurrido el citado plazo de un año.

La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 28 de enero 2008 [j 1] remarca el derecho de información del socio, diciendo que es un derecho primero y básico, de todo socio a conocer la contabilidad de la sociedad que no se ha de confundir con la auditoría (artículo 205 LSA). La infracción del derecho de información conduce a la nulidad radical de pleno derecho de los acuerdos que descansen, precisamente, en los datos omitidos, pues puede llevar a una mal formada declaración de voluntad, no llegando a emitir el juicio adecuado.

Por tanto, por actos contrarios al orden público se deben entender los contrarios a las normas fundamentales del ordenamiento jurídico y ello será determinado para cada caso según el criterio del Juez.

La STS de 19 de julio 2007, [j 2] a propósito de este concepto, indica que, de acuerdo con la doctrina más autorizada, se trata de principios configuradores de la sociedad a que se refiere el artículo 10 LSA, y que lesionan los derechos y libertades del socio; cita otras sentencias del TS que entienden el orden público como las normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario....y cita también la Sentencia de 5 de febrero de 2002 [j 3] que apuntaba que un acuerdo social puede ser contrario al orden público por su contenido o por su causa, lo que permite valorar el propósito práctico perseguido con el acuerdo y declarar que la nulidad que se postula, con oposición al orden público, no radica en el contenido del acuerdo, sino en que fue tomado con grave lesión de los derechos del accionista, especialmente señalados en el artículo 93 LSC, derechos cuya efectiva protección constituye uno de los principios configuradores de la sociedad (artículo 28 LSC), pues, como decía la Sentencia de 30 de mayo de 2007, [j 4] cualquiera que sea la concepción que se tenga del orden público a estos efectos, no puede entenderse que resulte indemne a actos falsarios, que vulneran frontalmente el nivel participativo de los socios allí donde es conceptual y legalmente indispensable.

2).- Oponerse a los estatutos. Este supuesto parece claro.

Sin embargo, si bien la Ley deja gran margen a la autonomía de la voluntad en materia de estatutos, hay supuestos en que los estatutos pueden sustituir el régimen legal, lo que es distinto de ciertas situaciones que sólo existirán si los estatutos las han previsto, ( prestaciones accesorias , participaciones sin voto , acciones sin voto , etc.)

Cuando se habla de acuerdos opuestos a los estatutos, es obvio que se refiere a cualquier acuerdo que no esté en consonancia con las normas estatutarias, pero otra vez surgirá un tema: la caducidad; si los estatutos se limitan a sustituir el régimen legal por otro, parece que ir contra esta norma estatutaria vendría a ser como ir contra la ley y la caducidad debería ser la de un año, y no la general de 40 días para los actos anulables.

Véase:

1.- Previsiones estatutarias en las sociedades limitadas

2.- Previsiones estatutarias en las sociedades anónimas

3.- Oponerse al reglamento de la Junta. Se refuerza el derecho del socio cuando no se cumple el reglamento indicado.

4).- Lesionar los intereses de la sociedad. Téngase en cuenta que no basta con ello, debe concurrir una condición: que este acuerdo, además de lesionar los intereses de la sociedad, haya otorgado un beneficio a uno o varios accionistas o a terceros. Sin esta condición, no serán impugnables.

La Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Valencia de 21 de Abril 2008, [j 5] a este respecto, dice:

La presencia de la lesión se ha de apreciar, en consecuencia, de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, siempre con cautela y ponderación, para no interferir en la voluntad social y en la esfera de acción reservada por la Ley y los estatutos a los órganos sociales; sin perjuicio, claro está, de la facultad de los tribunales de controlar y corregir la extralimitación de la actuación de éstos que lesiona los intereses de la sociedad.

En todo caso, es fácil observar que la materia es propia de la autoridad judicial, quien, en cada caso ha decidido y decidirá según su criterio.

Para las sociedades cotizadas, la nueva redacción del art. 495 establece: La fracción del capital social necesaria para poder impugnar acuerdos sociales, conforme a los artículos 206.1 y 251 LSC será del uno por mil del capital social y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 205.1 para los acuerdos que resultaren contrarios al orden público, la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de tres meses.

Clases de actos impugnables y caducidad de la acción

a) Situación al publicarse la LSC:

  • De LSC, según su redacción originaria, se desprende que unos actos son nulos y otros anulables. Además, hay actos contrarios al orden público.

Así, según el el inicial art. 204.2 LSC (antes art. 115 LSA aplicable a las sociedades limitadas), son nulos los acuerdos contrarios a la ley; en cambio, los acuerdos que se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros serán anulables.

  • Ello tiene su importancia, en orden a la caducidad de la acción.

En efecto, según el art. 205 LSC, (antes art. 116 LSA, aplicable a las sociedades limitadas), la acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año, (y quedan exceptuados de esta regla los acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios al orden público); en cambio, la acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días Y estos plazos se computan desde la fecha de adopción del acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Se discutía si el derecho a impugnar acuerdos sociales es de 40 días (artículo 116 LSA, , hoy art. 205 LSC) o el de 30 días...

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