Concurso de acreedores. Efectos generales

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene una finalidad primordial, al menos teórica, como es la de satisfacer a los acreedores del concursado; puede verse sobre su concepto, normativa, supuestos y clases Concurso de acreedores. Concepto y clases .

La declaración de concurso produce importantes efectos, que conviene analizar:

Contenido
  • 1 Efectos sobre la persona jurídica y sobre el administrador
  • 2 Efectos en relación con los créditos
  • 3 Efectos en relación con los contratos anteriores
    • 3.1 Regla general
    • 3.2 Resolución
    • 3.3 Rescisión
    • 3.4 Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación
    • 3.5 Experto independiente
    • 3.6 Comentarios a los arts 71 y 71 bis
  • 4 Efectos sobre los nuevos actos dispositivos del concursado
  • 5 Presentación al Registro de la Propiedad del mandamiento judicial declarando una persona en concurso: efectos sobre el acto dispositivo del concursado otorgado antes
  • 6 Embargo sobre bienes del concursado. Prórroga y cancelación de anotaciones anteriores
  • 7 Ejecución de bienes del concursado
    • 7.1 Bienes afectos
      • 7.1.1 Reglas generales
      • 7.1.2 Reglas especiales
    • 7.2 Bienes no afectos
    • 7.3 Error en la determinación de la masa activa
    • 7.4 Otros puntos
  • 8 Finalización del concurso
  • 9 Enajenación de bienes declarado finalizado el concurso por sentencia no firme
  • 10 El concurso y las sociedades de capital
  • 11 Recursos adicionales
    • 11.1 En formularios
    • 11.2 En doctrina
  • 12 Legislación básica
  • 13 Legislación citada
  • 14 Jurisprudencia y doctrina administrativa citadas
Efectos sobre la persona jurídica y sobre el administrador

Se examinan en el tema Concurso de acreedores. Especialidades si afecta a una sociedad de capital

Efectos en relación con los créditos

Según el art. 89 de la LC (no modificado por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados.

Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley.

Se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en la Ley como privilegiados ni como subordinados

Y en los artículos siguientes se detalla qué créditos se hallan en cada grupo.

Es importante: Si se trata de garantías reales (hipoteca, por ejemplo) se consideran privilegiados y quedan paralizados; la ejecución no podrá iniciarse hasta que se pruebe un convenio que no afecte a estos derechos o hasta que transcurra 1 año desde la declaración del concurso sin que se haya producido la apertura de la liquidación. Se salvan de esta suspensión temporal en el caso de que ya estuviese anunciada la subasta y no afectara a bienes necesarios para la continuación de la actividad empresarial. Como dice la Resolución de la DGRN de 10 de enero de 2017 [j 1] los acreedores hipotecarios y pignoraticios siguen gozando en el concurso de una situación particular. No sólo obtendrán satisfacción de los créditos garantizados con el valor de realización de los bienes gravados, como consecuencia de la afección real propia de estos derechos de garantía (artículo 155.5 de la Ley Concursal), sino que tienen, además, cierta posición de control en la realización de los bienes.

La filosofía de esta norma es la de no ahogar el deudor y darle un tiempo para rehacerse.

Se presentará la lista de acreedores; el administrador avisa a los acreedores a fin de que ratifiquen sus créditos en el plazo de 30 días y si nada no dice un acreedor pasa su crédito a ser “subordinado”.

Por otra parte, como indica la Resolución de la DGRN de 29 de mayo de 2013 [j 2] que un determinado crédito es un crédito contra la masa (por ejemplo, al efecto de obtener la anotación preventiva del embargo decretado como consecuencia de su impago,) no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrado. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta calificación. Ahora bien, si está claro que los recargos de la Seguridad Social producidos por deudas que sean anteriores a la declaración del concurso son créditos subordinados; los recargos que se produzcan por obligaciones posteriores a la declaración del concurso son créditos contra la masa. (Sentencia nº 493/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 22 de Julio de 2013). [j 3]

En relación precisamente a las hipotecas, la Resolución de la DGRN de 6 de julio de 2015 [j 4] advierte que: 1) En una situación de concurso, una hipoteca, que siempre es un crédito con privilegio especial, no puede cancelarse por mandamiento judicial, alegando estar así previsto en el plan de liquidación, sin cumplirse lo dispuesto en el art. 155 de la ley concursal, es decir, con anterioridad a la enajenación de los bienes hipotecados; 2) Debe constar expresamente que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación y las medidas tomadas en relación a la satisfacción de su crédito.

Efectos en relación con los contratos anteriores Regla general

De una parte, la Ley prohíbe expresamente la posibilidad de establecer en los contratos, como causa de resolución de los mismos, el concurso de alguna de las partes. Deja patente la Sentencia nº 68/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 26 de Febrero de 2013: [j 5]

En relación con la vigencia de los contratos tras la declaración de concurso de una de las partes, pendientes de cumplimiento por ambas partes, la Ley Concursal permite invocar el interés del concurso para justificar dos decisiones judiciales extrañas al desenvolvimiento ordinario de los efectos del contrato a la vista de su (in)cumplimiento: i) acordar la resolución del contrato cuando su continuación no resulte de interés para el concurso ( art. 61.2 LC ); ii) en caso de se haya instado resolución del contrato por incumplimiento del concursado, y exista causa de resolución, acordar la continuación del contrato si ello resulta más beneficioso para los intereses del concurso (art. 62.3 LC).
Resolución

Ante el problema de la resolución de los contratos celebrados antes de la declaración de concurso y que hayan incurrido en causa de resolución, el legislador ha distinguido:

  • contratos de tracto único: según el art. 61 de la LC cuando al momento de la declaración del concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.
  • contratos de tracto sucesivo: la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso.

La Sentencia nº 510/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 25 de Julio de 2013 [j 6] interpreta las normas legales en el sentido de que después de la declaración de concurso, conforme al art. 62.1 de la LC, la parte in bonis en un contrato de tracto único tan sólo podrá ejercitar la facultad resolutoria por incumplimiento de la concursada si el incumplimiento es posterior a la declaración de concurso; mientras que si se tratara de un contrato de tracto sucesivo, " la facultad resolutoria podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso ". Consiguientemente, cuando el incumplimiento sea anterior a la declaración de concurso, no cabrá instar la resolución del contrato de tracto único.

En cuanto a la resolución inscrita en el Registro para el caso de falta de pago del precio, la Resolución de la DGRN de 10 de octubre de 2013, [j 7] reiterando otras, dice que respecto los bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad, no podrán ejercitarse las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad, hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación.

Rescisión

En relación a los contratos anteriores se plantea el tema de la RESCISION:

1.- Antes de solicitar el concurso: si se se anota la designación de mediador concursal, debe tenerse en cuenta el artículo 235.1 de la Ley Concursal que establece el siguiente: «Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad».

Del precepto no puede deducirse que el deudor tenga privada su facultades de disposición, más bien es una advertencia de que debe actuar correctamente; en este sentido, la Resolución de la DGRN de 22 de octubre de 2018 [j 8] señala que anotada la designación de mediador concursal, el deudor no ha perdido la libre disposición de sus bienes, sin perjuicio de las consecuencias de su actuación.

2.- Solicitada la declaración de concurso:, sea por el mismo deudor o sea por los acreedores, el deudor sigue con plena capacidad jurídica.

Como todavía no hay declaración de concurso, no hay limitación alguna de la capacidad dispositiva del deudor, no hay anotación registral de su situación; salvo que el Juez ordene medidas cautelares que lo impidan (art. 20 y art. 21 de la LC) el deudor podrá enajenar y gravar bienes, incluso inmuebles, sin perjuicio de que el conocimiento de haber sido instado el concurso por los acreedores, o su propia petición, suponga que deba tener...

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