Responsabilidad del administrador de una sociedad

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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Todo administrador tiene importantes obligaciones. Se detallan en el tema Obligaciones del administrador de una sociedad -

El incumplimiento de dichas obligaciones da lugar a la pertinente responsabilidad.

Nota: Puede verse al final del tema las normas durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Contenido
  • 1 Supuestos de responsabilidad del administrador
  • 2 Responsabilidad del administrador cesado
  • 3 Ejercicio de la acción de responsabilidad
  • 4 Acción de los acreedores
  • 5 Otras acciones derivadas de otras posibles responsabilidades
  • 6 Conclusiones
  • 7 Prescripción de las acciones de responsabilidad
  • 8 Fallecimiento del administrador
  • 9 Normas durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
  • 10 Anteproyecto del Código Mercantil, (Mayo 2014)
  • 11 Recursos adicionales
    • 11.1 En formularios
    • 11.2 En doctrina
  • 12 Legislación básica
  • 13 Legislación citada
  • 14 Jurisprudencia y Doctrina administrativa citadas
Supuestos de responsabilidad del administrador

Pone de relieve la STS 485/2018, 18 de Julio de 2018 [j 1] que la jurisprudencia tradicionalmente distingue el régimen responsabilidad de un administrador de una sociedad frente a terceros, según derive de actos realizados en el ejercicio de su cargo, cuya exigibilidad se supedita a las exigencias previstas en la Ley especial (la Ley de Sociedades de Capital), o de actos realizados en la esfera personal, ajena al cargo de administrador, en cuyo caso no opera el régimen especial societario y se aplica el general de la responsabilidad civil extracontractual del art. 1902 CC.

La responsabilidad que tratamos es la que se deriva del ejercicio de su cargo y procede distinguir:

a) Acción individual de responsabilidad:

Tiene lugar, cuando se trata de perjuicio directo a los socios o a los acreedores, caso en el que es de aplicación el art. 241 LSC que dice: «Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.»

Esta acción individual de responsabilidad, como señala la STS 87/2019, 13 de Febrero de 2019, [j 2] debe cumplir los requisitos necesarios para que pueda prosperar esta acción que son:

"i) un comportamiento activo o pasivo de los administradores; ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; iii) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; (v) que el daño que se infiere debe ser directo al tercero (...), sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y (v) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero".

Pone de relieve la STS 580/2019, 5 de Noviembre de 2019 [j 3] que para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito.

Pero, además, el Tribunal Supremo ha declarado que doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado directamente a la sociedad. Por tanto, si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social sólo puede ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros.(STS 396/2013, 20 de Junio de 2013). [j 4]

b). Acción social de responsabilidad:

Si se trate de perjuicios a la sociedad (e indirectamente a los socios y acreedores), para su reparación podrá ejercerse la acción social de responsabilidad como se acaba de indicar.

A esta acción de responsabilidad (directa a la sociedad) se refiere el art. 236 LSC, (antes art. 133 LSA, aplicable a las sociedades limitadas por la remisión del art. 69 LSRL a las normas de las sociedades anónimas) al decir, tras su nueva redacción por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que los administradores de derecho o de hecho como tales responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, añadiendo la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que ha modificado el precepto: «siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.» En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

La responsabilidad se extiende al administrador de hecho, teniendo esta consideración tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

De la regulación de los artículos 236 a 241 LSC resultan las siguientes posibilidades:

  • Que haya tres posibles reclamantes: la sociedad, los socios individualmente y los acreedores.
  • Que la reclamación se ha de basar en que ha habido daño y que el daño esté causado por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya habido dolo o culpa.
  • Que la responsabilidad alcanza también al administrador de hecho que el precepto ahora define como tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.
  • Que si hay varios administradores, la responsabilidad es solidaria.
  • Que sólo quedará liberado el administrador si prueba que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocía su existencia o, conociéndola, hizo todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opuso expresamente a aquél. No será excusa que el acuerdo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General.

Y se añade:

  • a) que cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas en su relación jurídica con ella, y
  • b) la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.
Responsabilidad del administrador cesado

Cesado el administrador, deja de tener responsabilidad por los actos posteriores de la sociedad, aunque no esté inscrito el cese, tal como indicó la Sentencia de Tribunal Supremo de 25 de Septiembre 2007; [j 5] reitera lo anterior la STS de 26 de enero de 2.006 [j 6] según la cual el art. 65 LSRL - léase ahora art. 230 LSC - no elimina por completo la aplicación del art. 98 LSRL, - léase el citado art. 350 LSC - pues éste juega tanto si se hubiera decretado el cese del administrador, como si no.

Ahora bien, la situación es distinta frente a terceros de buena fe; la Sentencia nº 810/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Enero de 2013 [j 7] recordando la Sentencia 700/2010, de 11 de noviembre, [j 8] dice que hay que distinguir entre los efectos materiales o sustantivo que se siguen de la falta de inscripción del cese del administrador en el Registro Mercantil y los efectos formales que afectan al cómputo del plazo de prescripción.

En el plano material, la falta de inscripción del cese no comporta por sí misma que el administrador cesado siga siendo responsable frente a terceros, salvo excepciones derivadas del principio de confianza, ni que asuma obligaciones sociales por incumplir deberes que ya no le incumben, dado que la inscripción no tiene carácter constitutivo. A meros efectos formales, y en orden a dilucidar si la acción ejercitada está o no prescrita, el criterio seguido por este Tribunal es que si no consta el conocimiento por parte del afectado del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del administrador, o no se acredita de otro modo su mala fe, el cómputo del plazo de cuatro años que comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse sino desde el momento de la inscripción, dado que sólo a partir de entonces puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese y, en consecuencia,

el dies a quo [día inicial] del plazo de prescripción para exigir responsabilidad a un administrador queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien no se ha de computar frente a terceros de buena fe hasta que no conste inscrito en el Registro Mercantil".

Doctrina que reitera, citando sentencias anteriores, la Sentencia nº 389/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 8 de Junio de 2016. [j 9]

Ejercicio de la acción de responsabilidad

A considerar:

1).- Requisitos para el ejercicio de la acción de responsabilidad

La Sentencia del...

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