Obligaciones y responsabilidad del administrador de una sociedad

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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El cargo de administrador, en sus diversas variantes (único, solidario, mancomunado o consejero) lleva inherentes determinadas obligaciones (por ello se exige que el administrador acepte el cargo) así como la asunción de responsabilidad por sus actos y omisiones cuando de cualquier forma perjudican a la sociedad, al socio o a los acreedores, que son los tres intereses más importantes a proteger en el ámbito societario.

En relación a la protección al socio es en las sociedades de responsabilidad limitada por su carácter más familiar y restringido donde hay que evitar especialmente los conflictos entre la sociedad como colectivo de socios y el órgano de administración; pero, en las sociedades anónimas aunque su carácter sea menos familiar o restringido que en otras sociedades mercantiles también puede haber los expresados conflictos; por ello, siempre habrá que proteger los derechos del socio minoritario frente a los abusos o la deslealtad de quien administra la sociedad; no se olvide que, con gran frecuencia, el administrador de una sociedad limitada es el socio mayoritario.

Contenido
  • 1 Deberes del administrador
    • 1.1 Deber general de diligencia
    • 1.2 Deber de lealtad
    • 1.3 Deber de administrar con ética
      • 1.3.1 Abstención de determinados actos
      • 1.3.2 Personas vinculadas
      • 1.3.3 Régimen de imperatividad y dispensa
    • 1.4 Deber de representar y ejecutar
  • 2 Responsabilidad del administrador
    • 2.1 Supuestos
    • 2.2 Responsabilidad del administrador cesado
    • 2.3 Ejercicio de la acción de responsabilidad
    • 2.4 Acción de los acreedores
    • 2.5 Otras acciones derivadas de otras posibles responsabilidades
    • 2.6 Conclusiones
  • 3 Prescripción de las acciones de responsabilidad
  • 4 Fallecimiento del administrador
  • 5 Anteproyecto del Código Mercantil, (Mayo 2014)
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En Formularios
    • 6.2 En doctrina
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
  • 10 Recursos adicionales
    • 10.1 En Formularios
    • 10.2 En doctrina
  • 11 Legislación básica
  • 12 Legislación citada
  • 13 Jurisprudencia citada
Deberes del administrador

Podemos decir que la primera obligación de todo administrador es administrar. Sabido es que el administrador no es un apoderado (éste puede realizar determinados actos pero no está obligado a ello). El administrador, cuando acepta el cargo, debe actuar en beneficio de la sociedad, atendiendo, resolviendo el día a día, tanto en el ámbito externo como interno; debe tomar las medidas necesarias, incluso convocando Junta General, cuando ello sea preciso, no en vano el administrador es el convocante normal de las Juntas de las Sociedades de capital.

La adecuada administración impone al órgano de administración dos normas fundamentales: deber de tener y dar adecuada información al socio y deber de administrar lealmente y con diligencia.

La Ley de Sociedades de capital, en su redacción originaria, reguló los deberes de lo administradores distinguiendo en los arts. 225 a 232, ambos inclusive : el deber de diligente administración, el deber de lealtad, la prohibición de utilizar el nombre de la sociedad y de invocar la condición de administrador, la prohibición de aprovechar oportunidades de negocio, las situaciones de conflicto de intereses, la prohibición de competencia, las perdonas vinculadas a los administradores y el deber de secreto.

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo ha dado nueva redacción y sistemática a los preceptos indicados destacando los siguientes deberes y obligaciones de los administradores:

Deber general de diligencia

Ordena el art. 225 LSC, (antes art. 61.1 LSRL, y art. 127.1 LSA) redactado de nuevo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.

Como dice la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza de 05 de Diciembre de 2005: [j 1]

esta expresión de ordenado empresario y representante leal equivale a la expresión "buen padre de familia" del art. 1104, párrafo 2 del Código Civil.

Ello comporta una doble obligación:,

  • Tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.
  • Exigir y recabar de la sociedad la información pertinente. El administrador estar debidamente informado de todos los temas que afecten a la sociedad, y ello afecta a cada uno, lo que es de aplicación en todo caso, incluso en el caso de cada consejero (no sirve como excusa, cuando hay problemas de responsabilidad, decir que el cargo era de "simple relleno").

La especial obligación de asistencia a las Juntas:

La obligación de diligencia impone no sólo conocer la marcha de la sociedad, implica además la obligación de asistencia de los administradores a las Juntas: para informar y para estar informado de los criterios de la Junta el art. 180 LSC, - antes art. 104.2 LSA -, exige que los administradores asistan a las juntas generales.

La Sentencia nº 255/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 19 de abril de 2016 [j 2] dice que dicho deber encuentra su justificación en que en la junta se desarrollan funciones esenciales para el correcto desenvolvimiento de la sociedad. En primer lugar, la función controladora o fiscalizadora que tiene la junta general respecto del propio órgano de administración, que difícilmente puede tener lugar si los administradores están ausentes. En segundo lugar, es en la junta general donde puede ejercitarse una de las facetas del derecho de información de los socios cuya cumplimentación corresponde a los administradores; por lo que su inasistencia puede imposibilitar de facto el ejercicio del derecho de información en dicho acto.

Lo que ocurre es que la LSC no impone expresamente la nulidad de la Junta si no asiste ningún integrante del órgano de administración o alguno de ellos, si son varios; y es lógico, pues por decisión de un administrador nunca se podría celebrar junta, ni la convocada por el Letrado de la Administración de Justicia o por el Registrador Mercantil; pero dependerá de casos; si la no asistencia del administrador ha privado al socio de la debida información, podrá ser declarada judicialmente nula. En palabras de la sentencia citada:

habrá que ponderar según cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia.

La buena fe:

La nueva redacción del art. 226 LSC protege la discrecionalidad empresarial, en el sentido de que el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado; es decir, cabe errores estratégicos en las decisiones, pero sin responsabilidad si se cumplen los requisitos de buena fe, sin interés personal del administrador en el asunto, contando con la debida información y adoptando procedimiento adecuado; después se podrá acertar más o menos. Pero aclara el legislador:

No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, aquellas que tengan por objeto autorizar las operaciones previstas en el artículo 230.
Deber de lealtad

La obligación de diligencia lleva el añadido de la lealtad.

La nueva redacción del art. 227 LSC por la repetida Ley 31/2014, de 3 de diciembre dice:

1. Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. 2. La infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador.»

Las obligaciones básicas que comporta la lealtad resultan del art. 228 LSC, igualmente modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a:

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.

b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera. La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) Sala Segunda, nº 285/2008, de 12 de Mayo 2008 [j 3] analiza el tema, diciendo:

El art. 279 del Código Penal (CP) castiga, en su tipo básico, la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva. Y, en su tipo privilegiado, a quien utilice el secreto en provecho propio. Realmente, el elemento nuclear de este delito - como también del previsto en el art. 278 CP - es el "secreto de empresa". No define el CP qué debemos entender por tal, seguramente por tratarse de un concepto lábil, dinámico, no constreñible en un "numerus clausus". Por ello, habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva. Así serán notas características:

la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva),

la exclusividad (en cuanto propio de una empresa),

el valor económico (ventaja o rentabilidad económica),

licitud (la actividad ha de ser legal para su protección).

Su fundamento se encuentra en la lealtad que deben guardar quienes conozcan el...

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