Inversiones extranjeras en España

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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Inversión extranjera, en el ámbito societario, es la que realiza una persona física o jurídica que, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, cumple los requisitos subjetivos y objetivos necesarios para la aplicación de normas especiales. Ello sin perjuicio de que las inversiones extranjeras vayan gozando cada vez más de gran libertad.-

Contenido
  • 1 Normativa aplicable
    • 1.1 Normativa comunitaria
    • 1.2 Normativa estatal
  • 2 Requisitos para ser una inversión extranjera
    • 2.1 Requisito subjetivo
    • 2.2 Requisito objetivo
  • 3 Supuestos de inversiones extranjeras y régimen aplicable
    • 3.1 Aportaciones en la constitución de una sociedad de capital
    • 3.2 Aportaciones en un aumento de capital
    • 3.3 Adquisición derivativa de acciones o participaciones sociales
  • 4 Especialidades por el aportante
    • 4.1 Aportante casado
    • 4.2 Aportante representado por un Poder otorgado en el extranjero
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Doctrina administrativa citada
Normativa aplicable Normativa comunitaria

De acuerdo con las Conclusiones nº C-256/06 de Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 11 de Septiembre de 2007 debe tenerse en cuenta:

El artículo 63 del Tratado de de Funcionamiento de la Unión Europea, apartado 1 (anteriormente artículo 73 B, apartado 1, del Tratado CE), establece:

«En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.»

Por otra parte, el artículo 65 del mencionado Tratado (anteriormente artículo 73 D del Tratado CE) dispone:

«1. Lo dispuesto en el artículo 63 CE se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a: a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital [...] 3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en [el apartado 1] no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define el artículo 63 [CE].»

El 7 de febrero de 1992, la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptó, entre otras, una Declaración sobre el artículo 73 D del Tratado CE ( 2 ) («Declaración»), cuyo tenor literal es el siguiente:

La Conferencia afirma que el derecho de los Estados miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal a las que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 73 D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se aplicará únicamente a sus disposiciones pertinentes existentes al término de 1993. Sin embargo, la presente declaración será solamente aplicable a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros.
Normativa estatal

1.- General:

La normativa estatal fundamental se halla en las disposiciones del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.

Además:

  • La Ley 18/1992, de 1 de julio que establece los sectores con regulación especial, en concreto Juego, actividades directamente relacionadas con la defensa nacional televisión, radio y transporte aéreo (no será de aplicación a los residentes en un estado miembro de la Comunidad económica europea, salvo por lo que se refiere a las actividades de producción o Comercio de armas o relativas a materias de defensa nacional).
  • La Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo que pretende el bloqueo de cualquier tipo de flujo o posición financiera para evitar la utilización de los fondos en la comisión de acciones terroristas, disponiéndose al tiempo de la capacidad para identificar y combatir los canales financieros del terrorismo, verificando la verdadera naturaleza de los fondos, su origen, localización, disposición y movimientos, o la identidad de los titulares reales de esas transacciones.

Existen también diversas Resoluciones dando instrucciones o fijando los modelos de declaración.

Hay que indicar que la competencia administrativa corresponde a la que actualmente se denomina Dirección de Comercio e Inversiones.

2.- A causa del Covid-19:

Debe destacarse las inversiones extranjeras directas en infraestructuras críticas, tecnologías críticas y productos de doble uso, sectores con acceso a información sensible, suministro de insumos fundamentales y medios de comunicación están sujetas en los términos y supuestos previstos a lo dispuesto en:

El tema está en estos sectores en los que se exige autorización previa según la titularidad o control de los mismos.

Dice este artículo:

A efectos de lo establecido en este artículo se consideran inversiones extranjeras directas en España todas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad, siempre que concurra una de estas circunstancias:
Que se realicen por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
Que se realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.
Podrá establecerse reglamentariamente el importe por debajo del cual las operaciones de inversión directa extranjera quedarán exentas de someterse al régimen de autorización previa.
La consecuencia es que hay sectores en los que esta participación (10% o más) implica la exigencia de autorización administrativa previa:
Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, que se realicen en los sectores que se citan a continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública.

En concreto, los sectores son los siguientes:

Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo por tales los que son objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.
Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Medios de comunicación.
Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en los siguientes supuestos:
si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país, aplicándose a efectos de determinar la existencia del referido control los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, y especialmente los relacionados en el apartado 2 de este artículo.
si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor...

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