Disolución de sociedad anónima: requisitos, procesos y efectos

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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La disolución es la situación que afecta a una sociedad cuando, por causa legal o estatutaria, cesa su actividad ordinaria, entrando en el proceso de liquidación.

Contenido
  • 1 Nota de actualidad. COVID-19
  • 2 La extinción de la sociedad
  • 3 Causas de disolución
  • 4 Actuaciones para la disolución
    • 4.1 Actuación de oficio
      • 4.1.1 Acuerdo
      • 4.1.2 Decisión judicial
  • 5 El administrador y la disolución
    • 5.1 Actuación obligada
    • 5.2 Responsabilidad
    • 5.3 Plazo de prescripción
      • 5.3.1 Cómputo del plazo
  • 6 Escritura formalizando el acuerdo
  • 7 Inscripción y publicidad
    • 7.1 Título inscribible
  • 8 Efectos de la disolución
    • 8.1 La personalidad jurídica de la sociedad disuelta
    • 8.2 La denominación
    • 8.3 Cese de los administradores
    • 8.4 Actuación de los liquidadores
    • 8.5 Supuesto de que haya apoderados
    • 8.6 La disolución y los trabajadores de la sociedad
  • 9 Sociedad con sucursales
  • 10 Legislación básica
  • 11 Legislación citada
  • 12 Recursos adicionales
    • 12.1 En contratos y formularios
    • 12.2 En doctrina
  • 13 Jurisprudencia y doctrina administrativa citadas
Nota de actualidad. COVID-19

Durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 el presente tema está afectado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; en relación a la disolución, dice el mencionado Decreto:

11. En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado. En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
12. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.»

Por su parte, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia dispone que las pérdidas del ejercicio 2020 no se tendrán en cuenta para que sea aplicada la causa de disolución del art. 363.1.3) de la LSC. Pero si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

El mismo texto se halla ahora en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

La extinción de la sociedad

Las sociedades surgen al mundo jurídico en un momento determinado, iniciando su andadura con la constitución, logrando la personalidad jurídica con la inscripción en el Registro Mercantil, desarrollando su actividades y, en un momento determinado, pueden extinguirse, extinción que produce el efecto de dejar de ser personas jurídicas y, por ello, dejar de ser titulares de derechos y obligaciones.

A la extinción de toda sociedad se puede llegar:

  • Cuando toda su actividad pasa a otra/s sociedad/es; es el supuesto de la escisión total a favor de dos o más sociedades, que continuarán separadamente las actividades de la escindida-extinguida, o el caso de la absorción de una sociedad por otra o la fusión de dos o más sociedades mediante el mecanismo de crear una nueva. En todos estos casos hay una/s sociedad/es beneficiaria/s, y una sociedad que se extingue.
  • Cuando cesa totalmente la actividad de la sociedad por una causa que da lugar a que, previa a su extinción, deba procederse a su liquidación . Es el caso de la disolución.
Causas de disolución

Para que opere la disolución se exige que haya una causa, una actuación (sea de oficio, sea un acuerdo de la junta o sea una decisión judicial).

Las causas, según la Ley de Sociedades de Capital (LSC) se dividen en los siguientes grupos:

  • Disolución por constatación de la existencia de causa legal o estatutaria: Art. 362 y ss. de la LSC.
  • Disolución por mero acuerdo de la Junta general: At. 368 LSC.

Véase Causas de disolución de una sociedad anónima

Actuaciones para la disolución

Como indica la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) de 19 de septiembre de 2005, [j 1] bajo la legislación anterior, no siempre hará falta acuerdo de la Junta; dice así esta Resolución:

hay causas de disolución que operan automáticamente (permiten al Registrador practicarlas de oficio y por haberse solicitado una certificación o a instancia de cualquier interesado (entre ellas esta la disolución de la sociedad por cumplimiento del término fijado en los estatutos de conformidad con lo establecido en el artículo 107 LSRÑ y las que exigen que la Junta General constate su existencia y acuerde en consecuencia su disolución, (entre ellas la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento o la falta de ejercicio de actividad que constituya su objeto social durante tres años consecutivos, siendo necesario en el primer caso acuerdo de la Junta General o expediente de disolución judicial a solicitud de los administradores o a instancia de cualquier interesado (cfr. artículo 105.3 LSRL) y en el segundo que en sede judicial se determine las cuestiones de hecho relativas al carácter consecutivo de la falta de ejercicio y al grado de inactividad de la sociedad en cuestión.
Actuación de oficio

A ella se refiere el artículo 238 del Reglamento de Registro Mercantil (RRM) que impone una actuación de oficio del Registrador: extender una nota al margen de la última inscripción expresando que la sociedad ha quedado disuelta, si al practicar algún asiento en la hoja abierta a la sociedad o al solicitarse certificación, o a instancia de cualquier interesado cuando se esté ante los casos de disolución de pleno derecho, que respecto a las sociedades anónimas son:

  • 1º. Cuando hubiera transcurrido el plazo de duración de la sociedad.

En todos estos casos el Registrador extenderá una nota al margen de la inscripción del nombramiento de los administradores, expresando que han cesado en su cargo. Si los administradores quedasen convertidos en liquidadores por establecerlo así la Ley o los estatutos sociales, el Registrador lo hará constar en el correspondiente asiento.

Si los administradores quedasen convertidos en liquidadores por establecerlo así la Ley o los estatutos sociales, el Registrador lo hará constar en el correspondiente asiento.

En caso de disolución por transcurso del término, la prórroga de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad.

Acuerdo

Si la disolución de la sociedad es debido a que concluye el término de su duración no hay necesidad de ningún acuerdo; si la disolución se ha constatado de oficio por el Registrador en los casos indicados de reducción por debajo del mínimo legal y transcurso de un año, tampoco hay acuerdo; en los demás supuestos se exige un acuerdo; este acuerdo puede ser de disolución por la simple voluntad de los socios, sin que haya causa legal ni estatutaria que obligue a ello, o por existir una causa legal o estatutaria de disolución y reconocerse y adoptarse el pertinente acuerdo.

La importancia esta en la mayoría necesaria .

La Ley de Sociedades de Capital regula dos posibilidades:

1. En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
  • Acuerdos con la asistencia del art. 194 de la LSC. Son acuerdos que exigen que en primera convocatoria hayan concurrido accionistas, presentes o representados, que posean al menos el 50% del capital social con derecho a voto y en segunda convocatoria la concurrencia debe ser al menos de un 25% (Los estatutos pueden elevar el quórum). Les es de aplicación el número 2 del art. 201 de la LSC:
2. Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, si el capital presente o...

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